viernes, 17 de julio de 2009

EL RETORNO AL PAÍS

Hola amigos que leen este blog.

Tuve una experiencia maravillosa en Panamá, 5 días fuera de mi país, los maestros con nuestro salario también podemos, así sea una vez al año estar al lado de los que todo lo tienen.
Te cuento que definitivamente los colombianos debemos enseñar más sobre lo que tenemos en el país y por encima de todo, invitarlos a defender nuestra soberanía. No importa que Gobierno vende patria tengamos, lo cierto es Panamá le peleó a los gringos su canal y hoy vive de él.
Chau.

domingo, 12 de julio de 2009

¿CÓMO TE PARECE ESTA ABERRACIÓN?

LA MUTILACIÓN FEMENINA, ES ALGO ABERRANTE QUE SE PRACTICA EN COLOMBIA
La mutilación femenina es un hecho aberrante que no debe permitirse bajo ninguna justificación, consideración cultural o imposibilidad legal para detenerlo; tampoco aceptar a las mismas mujeres que se preparan o puedan exigir esta práctica o a quienes la defienden con el pretexto de respetar sus costumbres y tradiciones. Gracias a los medios de comunicación que han permitido permear estas actuaciones que atentan con los Derechos humanos, hoy se libra una batalla en los países donde la práctica es habitual.
Recordemos que la mutilación consiste en la ablación del clítoris, conocida también como clitoderidectomía (mutilación del clítoris) y en ocasiones de los labios menores; otras veces se practica la infabulación que es el cosido y cerramiento casi total de los labios mayores y menores de la vulva dejando solo el mínimo necesario para las necesidades fisiológicas; para el cosido se utilizan fibras vegetales, alambre o hilo para pescar, que realizada sin ninguna preparación científica por lo regular causas daños irreparables en la mujer (niña).
La mutilación femenina es una práctica común desde hace siglos en ciertas regiones del mundo, destacándose algunos países africanos, asiáticos, unos pocos europeos, en Norteamérica y Suramérica. Estudios recientes nos dan algunos ejemplos de ellos: en Egipto en 1995 se comprobó que el 97% de las mujeres casadas cuyas edades oscilaban entre los 15 a 49 años fueron mutiladas; en Uganda es normal en los indígenas ubicados en el Este de ese País; en Colombia donde pensamos esta situación no se daba, tenemos que citar nuevamente el caso de la niña de la Etnia Emberá Chamí muerta por una infección producida por esta práctica en esa comunidad.
Sin precisar la cantidad exacta de casos en el mundo, podemos tomar las informaciones de la ONU, UNICEF y Organizaciones de Mujeres preferencialmente, quienes en su conjunto consideran que la mutilación Genital femenina se encuentra en el orden de 200 millones de mujeres, otros que entre 100 y 140 millones. Sea cual fuere la cantidad las cifras encontradas son impresionantes. La OMS por su parte explica los daños causados a las mujeres que son sometidas a la extirpación parcial o total de una parte importante del cuerpo, sin importar las razones y argumentos que se utilicen.
En nuestro País –Colombia-, comenté en una reflexión anterior el caso de la niña muerta por esta práctica perteneciente a una etnia ubicada en un Departamento del Eje Cafetero, en este caso se debe resaltar la denuncia presentada por la Personera de Puerto Rico municipio del Departamento de Risaralda, -cuando digo resaltar, es porque en Colombia quien denuncia puede estar firmando su sentencia de muerte-, en esa denuncia manifiesta que de los 200.000 miembros que tiene la Etnia Embeberá Chamí unas 8.000 niñas han sido sometidas a la mutilación. Esta situación degradante y aberrante de tipo cultural, debe ser permeada por las autoridades y demás organizaciones que promueven el respeto a los Derechos Humanos, evitando de esta manera la continuidad de estas situaciones dolorosas contra la violencia de género.
A pesar de no compartir las justificaciones que aducen quienes la han practicado y los que la defienden, vamos a señalar que ellos y ellas dicen en nombre de la cultura de los pueblos; una de las versiones más conocidas es la que según se prepara a la mujer para el matrimonio o presentarla en la vida social, cuidar la fidelidad hacia el marido y la pureza hasta el momento de ser penetrada; lo cierto es que a simple vista, lo que se hace es reforzar el machismo del hombre, el poder que se incrementa ante la mujer, mantener un patriarcado y se podría decir que existe la misogenia.
Estas etnias y culturas donde se realiza se han podido comprobar el bajo nivel cultural, -un porcentaje alto de analfabetismo-, hasta el punto que muchos padres realizan sus ahorros para prepararse para el día que su hija se le hará el ritual respectivo. En los países Islámicos como pretexto para perpetuar estos hechos, la asocian con la interpretación del Corán. También se sostiene que en existen culturas que consideran el clítoris como un resto del cuerpo femenino indeseable y que por lo tanto debe ser eliminado del cuerpo de la mujer, sometiéndolas a la extirpación del clítoris en el momento en que alcanza la pubertad.
El impacto social ha sido tan grande que hoy se tienen muchas organizaciones que buscan el apoyo de sus Estados para que se castigue en forma severa a quienes implementen y practiquen la mutilación femenina; se solicita a los gobernantes llevar mensajes pedagógicos a todos los espacios e incluso se está solicitando -caso Colombia- la aplicación rigurosa de la Cátedra de Educación Sexual en Escuelas y Universidades. Uganda está a punto de aprobar una ley para prohibir la mutilación genital femenina y el presidente de ese país Yoweri Musevini manifestó al respecto “sí, apoyo la cultura, pero ustedes deben apoyar una cultura que sea útil y basada en información científica”, estas declaraciones fueron dichas justamente donde mayor problema existe, al Este de su País.
Volviendo a Colombia, en una decisión valiente la Dra Gloria Elena Saldarriaga Directora regional Encargada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Risaralda, mediante Resolución 0422 del 23 de Mayo del 2008, ordena una convocatoria pública para seleccionar un profesional en Antropología que coordinara un equipo de trabajo para desarrollar un proyecto de “fortalecimiento de los Derechos Humanos de las mujeres Emberás Chamí para la transformación de la práctica de la mutilación genital femenina MGF entre las poblaciones Embera Chamí de los municipios de Pueblo Rico y Mistrató (Risaralda)”.
Este es un paso importante al igual que la Ley que propone el Presidente de Uganda, las declaraciones del gobierno de Eritrea en el sentido que cualquier persona que promueva esta tradición será encarcelada; en Ghana se establecieron normas que están en el Código Penal y contempla castigo de años a quienes practiquen la Mutilación Genital Femenina. SE ha encontrado que algo más de 25 países del mundo entre ellos 19 de África se han pronunciado en contra de estas prácticas para lo cual existen o están creando políticas para erradicarlas.
Fuerte ha sido el trabajo que lideran en Colombia el CEDAW “La convención para la eliminación de la discriminación contra la mujer”, y que tiene la obligación de adoptar medidas e incluso legislativas, que permitan modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas, que impliquen discriminación contra la mujer. Se entiende como violencia contra la mujer cualquier conducta u acción contra la mujer, basado en el género y que cause daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico e incluso la muerte a la mujer. De esta manera le solicitan al Estado adecuar su legislación a las exigencias en materia de justicia de género.
A partir de la Constitución de 1991, en Colombia es aceptada la pluriculturidad, lo que garantizaría la convivencia entre las diferentes culturas que se encuentran en nuestro territorio, pero que esas culturas deben adaptarse a un consenso de valores que tengan relación directa con el respeto a los Derechos Humanos.
Finalmente, es necesario penetrar todas las culturas, pero para ello se deben utilizar todos los espacios adecuados para llevar la información y los peligros a que están expuestos con algunas prácticas dañinas para el ser humano. Las iglesias, las escuelas, colegios, universidades, centros recreacionales, entidades campesinas, indígenas y otras, son espacios para cambiar algunas costumbres y hábitos. Usemos los medios de comunicación a nuestro alcance y el personal que tenga el conocimiento y credibilidad ante las comunidades.
Bibliografía:
· ONU.
· El País. La ablación. Gloria Saldarriaga.
· Lausana Fofana. Sierra Leona.
· Univ. Santo Tomás. Marta Buruiticá Céspedes. “Mujer y Género”.

DANIEL JUVINAO LÓPEZ.

domingo, 7 de junio de 2009

DISCRIMINACIÓN POPR RAZÓN DE GÉNERO EN COLOMBIA

LA DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE GÉNERO Y EL DERECHO PENAL

En Colombia con el nacimiento de la Constitución de 1991, los constituyentes y posteriores intervenciones de Senadores y Representantes, especialmente con la participación activa de las mujeres y sectores de izquierda, se ha librado una batalla para que se introduzcan en la misma, aspectos legales que garanticen la igualdad de derechos y la no discriminación por razón de género en todos los espacios sociales y laborales donde los ciudadanos y ciudadanas se desenvuelven.

De igual manera establece la no discriminación de personas por razón de sexo, color, religión u otra condición. Ahora se está interesado en la educación inclusiva con calidad, donde las personas con necesidades especiales deben ser preparadas para continuar sus estudios regulares con otros y otras que no presentan esas necesidades. Es de resaltar que algunos países latinoamericanos han avanzado en este campo, un ejemplo es la educación del Brasil. En Bogotá se está implementado un modelo que se acerca a buscar la igualdad de derechos, como medio para una educación de calidad.

A pesar de lo expuesto, el nivel de intolerancia en nuestro país es bastante grande, hace falta un trabajo pedagógico sostenido que permita conocer las medidas preventivas para la búsqueda de la igualdad. Se puede destacar que en el 2008 el Consejo Superior de la judicatura creó la Comisión Nacional de Género en un esfuerzo para promover e institucionalizar la perspectiva de género en el quehacer diario. Es una estrategia que busca dar a conocer y defender la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la no discriminación de género en las decisiones de la justicia.

El derecho penal solo no garantiza que se castigue con todo el rigor a los actores de maltratos, abusos y cualquier otra clase de aberraciones que se les ocurra contra las niñas y mujeres, y más cuando éstas son defendidas con el pretexto de ser practicadas por herencias culturales, tal es el caso muy conocido en nuestro país y donde las organizaciones defensoras de los derechos humanos pudieron intervenir, con la muerte de una niña de la Etnia Emberá Chamí a causa de la extirpación de su clítoris lo que indica que definitivamente ciertas prácticas –aún cuando se diga que son culturales- deben desarraigarse.

Este es uno de los tantos casos que atentan contra la integridad y dignidad del ser humano, porque son prácticas que dejan huellas imborrables y daños irreparables en la salud física, sexual y psicológica de las personas afectadas, estos abusos desafortunadamente son ejemplos de discriminación de género. Lo ocurrido con la niña de la etnia narrada la justifican como una práctica que conserva la pureza y la fidelidad en el matrimonio. Pienso que independientemente de los que piensan que deben conservarse las tradiciones culturales de los indígenas, debe romperse con abusos que se convierten en delitos.
Mientras se trabaja para erradicar éstas y otras manifestaciones discriminatorias, especialmente contra la mujer, se deben implementar en las escuelas y sitios comunitarios campañas y trabajos pedagógicos con personas especializadas en el campo de los derechos humanos, buscar la ayuda internacional con organizaciones que implementen acciones que prevengan todos estos abusos.

El Doctor Francisco Rojas Birry –indígena- personero de Bogotá desnudó algunas realidades que conocemos de hecho pero que no se le ha querido dar la trascendencia, porque gran parte de los abusadores, maltratadores y violadores de los derechos humanos están en el exceso de poder de las autoridades, el 25 de Julio del 2008 manifestó “es inadmisible que en Colombia muera una mujer cada 6 días de manos de su esposo o compañero, en Bogotá entre el 2000 y 2005 se registró un total de 60 homicidios contra hombres gays”. Se sigue avanzando porque estos datos fueron dados a conocer en el marco de la instalación de la Cátedra Justicia de Género y diversidad sexual.

Dentro de los distintos casos de discriminación contra la mujer, existe el que produce la guerra permanente que tiene Colombia desde hace más de 5 décadas, porque son las mujeres las que llevan la peor parte, ellas deben asumir la responsabilidad de asumir roles económicos y sociales en la custodia de sus hijos e hijas, los daños psicológicos del desplazamiento forzado e incluso la huida permanente las convierte en blanco de la miseria y el peligro de tentaciones económicas aprovechando la desventaja y debilidad que ellas tienen en ese momento, por la huida o separación obligada del hombre.

En la revista “Actualidad Étnica” se publicó un artículo el 2 de Noviembre del 2007 y que se tituló ¿Es posible generar acciones para combatir la discriminación?, en el mismo se dice que la discriminación cambia según el contexto, no son los mismos procesos discriminatorios los que se viven en Cartagena como los que se viven en Bogotá, por ello se deben generar no solo acciones pedagógicas y colectivas para combatir las estructuras discriminatorias, sino que se tenga en Colombia una legislación contra la discriminación, según lo plantea el Doctor Eduardo Cifuentes Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.

Se conoce que la mujer es sometida de una manera tenue o forzada a la violencia física y psicológica acompañada de insultos, vejaciones, crueldad mental, gritos, desprecio, intolerancia, subvaloración, humillación en público a cada momento, castigo, falta de afecto, amenazas de abandono, discrepancia en los actos sexuales de la pareja, pornografía, rituales sexuales extraños y/o violación conyugal. De cualquier manera, la mujer aparece como la más maltratada.

Lo anterior nos lleva a comprender que es necesario seguir luchando para tener políticas y crear acciones de prevención, no una campaña de un día, -el día de la mujer o el de la madre-, en contra de la discriminación de género, utilizar los medios de comunicación y demás medios tecnológicos a nuestro alcance contra la discriminación, así como también lo usan los violadores para el sometimiento psicológico y la compra venta del cuerpo de niñas y mujeres, resaltando casi siempre la inferioridad intelectual frente al hombre.

Entre esos medios tenemos el Cine, la Televisión, el Internet, las Instituciones Educativas y Universidades; son espacios visitados por las mujeres y niñas, lo cual permitirá un trabajo sistemático de inculcación de valores que resalte en ellas la libertad a que tienen derecho, la autonomía frente a las decisiones que deba tomar, reafirmar su personalidad para que sepa la importancia que tiene. Lo anterior afirmará los valores que conducen a la bondad y la utilidad, esto produce necesariamente equidad social.

Es conveniente saber que el derecho penal colombiano tiene normas jurídicas para castigar los delitos que atentan tanto física como psicológicamente contra la discriminación de género, es así como la Ley 1236 del 2008 en el artículo 218 castiga la pornografía con menores con sanciones de prisión que van desde los 10 hasta los 14 años y multas que oscilan entre los 133 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales, el artículo 219A contra los medios de comunicación cuando ofrecen servicios sexuales de menores imponiendo penas de 10 a 14 años y multas que oscilan entre los 66 y 750 salarios mínimos legales mensuales. Por otro lado se han dado debates en foros para proponer medidas para prevenir, erradicar y sancionar toda forma de discriminación.

El derecho penal tiene como finalidad la consecución de la paz social, la protección de los derechos ciudadanos y ciudadanas, porque el abuso y violación de esos derechos es un clara perturbación de la normal y sana convivencia. Entonces el derecho penal contempla las normas jurídicas que previenen y evitan la repetición de determinados delitos, entre ellos los que atañen a la violencia de género, porque esos actos en su mayoría son empleados como un mecanismo para solucionar los conflictos por parte de los violentos.

En resumen, entendiendo que la violencia de género tiene su origen en la cultura, en las costumbres y valores inculcados desde la familia, en las prácticas religiosas, que en su mayoría tienden a la subyugación de la mujer al hombre; en la educación que todavía propone a la mujer para el trabajo en el hogar y la cría de la prole; la capacidad de decisión que siempre es consultada o subordinada al hombre, entre otras situaciones, corresponde a los Estados legislar para la protección a las mujeres.

DANIEL SEGUNDO JUVINAO LÓPEZ.

domingo, 17 de mayo de 2009

El derecho canónico ¿paternal o democrático?.

EL DERECHO CANÓNICO: ¿DEMOCRÁTICO O PATERNAL?.
¿Qué es el derecho canónico?, encontré en Wikipedia la enciclopedia libre lo siguiente: “es una ciencia jurídica cuya finalidad es estudiar y desarrollar la regulación jurídica de la iglesia católica…
El derecho canónico cuenta sus propios tribunales, abogados, jurisprudencia y códigos.”
Asumo que los canónes emitidos son de estricto cumplimiento entre los católicos –entre ellos estoy yo-, si es así, se podría asegurar que las leyes son verdades absolutas que cumplen las iglesias católicas de rito latino, entre esas se cuentan por mayoría en nuestro país; no ocurre lo mismo con otras iglesias que toman los canónes no como obligación sino como aporte para la orientación de sus fieles pudiendo aplicarlas con los ajustes que se le haga a la situación cultural de cada sitio en particular.
Es necesario saber que toda norma, ley o regla siempre tiene dos elementos fundamentales: uno a quien va dirigido/a la norma y otro/a quien o quienes escriben la norma y en nombre de que y para que, en el caso concreto de el derecho canónico es para los católicos y su ejecución se hace porque se entiende que tiene una revelación divina, cada uno de los papas en mayor o menor grado lo ha hecho. Por tanto la aceptación y práctica de la misma es un acto de fe.
Sobre lo democrático del derecho canónico y teniendo en cuenta estas consideraciones se puede asegurar que la intencionalidad si la es, por ejemplo, el principio de la fraternidad universal, proclamado por el Cristianismo y sostenido de mil maneras por las instituciones de la Iglesia, contribuyó desde luego a destruir las leyes bárbaras del Derecho Internacional que regían entre los pueblos antiguos, según las cuales, ni en la guerra ni en la paz se reconocía apenas ninguna clase de derechos.
La Iglesia, ajustando su doctrina al gran principio del Cristianismo de ser iguales todos los hombres ante Dios, jamás reconoció el poder arbitrario de los gobernantes; al contrario, el poder real y todos los cargos públicos llevaban consigo, según ella, muy sagradas obligaciones, de cuyo cumplimiento los respectivos funcionarios tenían que dar estrecha cuenta a Dios. En esta apreciación y ordenamiento religioso está lo democrático.
Igual es democrático el hecho de luchar contra la esclavitud y la pena de muerte, tan de moda en nuestros pueblos en el principio de la cristiandad, en la legislaciones ocupó siempre un lugar destacado la pena de muerte y la mutilación de miembros, y respecto de los reos que no se habían hecho acreedores a ser tratados con tanto rigor, casi nunca entró en su espíritu otra idea que la de castigar al delincuente, ejerciendo sobre él una especie de venganza en nombre de la sociedad. La doctrina de la Iglesia fue en esta parte enteramente distinta, porque aborreciendo siempre las penas cruentas, procuró conciliar el castigo de los delincuentes.
La esclavitud sufrió un grande golpe cuando se anunciaron las máximas cristianas sobre la fraternidad universal; la igualdad de todos los hombres ante Dios, por el cual serán juzgados sin acepción de personas; la procedencia de un mismo origen; el tener un mismo destino, y haber sido todos redimidos con la sangre de Jesucristo con la enmienda y reforma de sus costumbres.
Pero ¿el derecho canónico es democrático cuando en nombre de Dios y la defensa de la moral prohíbe a un hombre Sacerdote u Obispo contraer matrimonio o convivir con una mujer o aceptar que el matrimonio entre parejas iguales hombres con hombres y mujeres con mujeres?, creo que no y en esto me identifico en nombre del respeto a la escogencia libre al desarrollo de la personalidad con el sacerdote y teólogo Benjamín Forcano quien en el 2005 manifestó lo siguiente:
“las leyes, para que sean válidas y vinculantes, tienen que contener y promulgar calores que atañen al bien del ser humano, individual o comunitario. Una verdadera ley no son buenas porque están mandadas, ni malas porque están prohibidas”.
La consecuencia de toda ley injusta o vista desde la moral o interpretación particular, produce el efecto que no se quiere y es la violación de la norma, lo que está ocurriendo en un gran número de iglesias católicas en el mundo y en Colombia no escapa, los sacerdotes violadores de menores, acosadores o que viven a escondidas con alguna mujer y los que a los hijos los presentan en sociedad como sobrinos. Eso así es un mal ejemplo para la iglesia de Dios.
Conocí y traté por muchos años a un Sacerdote Español –ya pensionado en Colombia-, quien vivió con dos señoras y con las cuales tuvo hijos/as, lógicamente las tenía en casas arrendadas, fueron actos libres que la sociedad no le impugnó sino todo lo contrario se ganó el respeto de todos y todas por la forma como crió y educó su familia –hoy casados y con hijos también-, es un abuelo feliz que vivió lo que vive todo ser humano en un mundo imperfecto pero tratando de contribuir al bienestar comunitario. Este sacerdote al igual que muchos que prefieren coartar sus inclinaciones sexuales también ama y siente. Se han puesto a pensar ¿cuántas violaciones se han dado en las iglesias del mundo contra los más débiles: niños, niñas y mujeres?. Esto es violencia doméstica. Por favor no más.
De igual manera a la pregunta de si el derecho canónico es paternal, creo que sí porque los canónes y acuerdos conciliares y los decretos papales, son recomendaciones donde se les recuerda a los gobernantes del mundo la obligación de reconocer la libertad de las personas, no recortar los derechos constitucionales, atender sobre todo a los más necesitados y a los que carecen de los medios básicos para su desenvolvimiento en sociedad, en especial a los débiles y pobres. Me gustan las recomendaciones formuladas en su momento por los papas: León XIII y Pío XI.
“Pensando una y otra vez todas estas cosas en nuestro corazón, por obligación de nuestra conciencia y por el paternal amor que profesamos a las almas que tan generosamente buscan la santidad en el siglo, y guiados de la intención de que se pueda hacer una sabia y rígida discriminación de las Sociedades y se reconozcan como verdaderos Institutos sólo aquellos que profesen auténticamente la plena vida de perfección”. Constitución Apostólica PROVIDA MATER ECCLESIA"*. Del Sumo Pontífice Pío XII
Se debe reconocer que los derechos canónicos en buena parte han permitido la cohesión de las iglesias, la unidad y armonía y la conservación de las letras canónicas o formadas, ha sido un medio que la Iglesia tuvo que adoptar en una época, trabajando sin cesar para poner en claro los dogmas de la fe y los principios de la moral cristiana, conforme al sentido de las Escrituras y de la tradición.
En conclusión, cuando se defienden los derechos de las personas y se promulga para la eliminación de las diferencias y la inclusión de todos los seres humanos en el beneficio que ofrecen los Estados, eso es democrático y es paternal, democrático porque es para el pueblo y paternal porque se aplica las mejoras con amor.
DANIEL JUVINAO LÓPEZ.

jueves, 12 de febrero de 2009

FORMACIÓN PARA AFRONTAR LA VIOLENCIA EN SALUD Y ESCUELAS


FORMACIÓN PARA AFRONTAR LOS CASOS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA EN SALUD Y EDUCACIÓN

A pesar de las diferentes medidas tomadas por los gobiernos de algunos países para enfrentar y disminuir la violencia doméstica, en especial la de género contra la mujer, que afecta de hecho toda la familia, golpeando a los niños y niñas con las consecuencias conocidas y comentadas en ensayos anteriores, ésta no decrece sustancialmente y por el contrario en algunas regiones tanto urbanas como rurales se ha incrementado.

El tiempo.com publicó “más de 70 mujeres fueron asesinadas por sus parejas y exparejas en España durante el 2008”, continúa la información “el balance del 2008 estará próximo o ligeramente superior al del 2007 (71 muertes según el gobierno), es decir, una cifra en progresión después de las 57 muertes del 2005 y las 68 del 2006” y remata la noticia que “ante la alarma, el gobierno multiplicó las iniciativas para combatir la violencia contra las mujeres”.

En Colombia el Ministerio de Protección Social reconoce la dramática situación cuando manifiesta que la violencia constituye el principal problema de salud pública en nuestro País, no solo por el número creciente de muertos, lesionados, secuestrados, desaparecidos y desplazados, sino por el impacto que tiene sobre la salud de los colombianos. Se diría, que la alarma es generalizada en la mayoría de los países.

Al respecto en el Proyecto de Ley aprobado por el Senado el año pasado para erradicar la violencia contra la mujer, auspiciada e impulsada por la bancada de mujeres en el Parlamento Colombiano; en el ámbito de la salud se propone la elaboración de protocolos para la atención de las víctimas de la violencia en las Instituciones de salud e inclusión en los planes nacionales de salud el tema de violencia contra las mujeres, lo anterior debe corresponder al Ministerio de Protección Social.

Analizadas estas informaciones y manifestaciones tendremos que decir, que la preocupación tocó fondo cuando en las altas esferas de los gobiernos se plantea la problemática, se debaten y proponen alternativas de solución o se implementan medidas para paliar las situaciones. Si, paliativas porque no se crean las estrategias permanentes que conduzcan a los maltratadores a frenar su acción en contra de los más indefensos, que son los niños, niñas y mujeres, de cualquier condición social y económica.

A nivel del sector de la salud –el tratamiento médico-, solo se limita a tratar y curar las heridas y maltratos físicos de las mujeres producidas por las golpizas que generalmente les dan los compañeros sentimentales, esposos o exposos; igual determinar las causas de violación en una menor de edad sin la posibilidad de llevar el caso a los estrados judiciales que permitan castigar enérgicamente a los responsables de los daños causados, por el temor a ser agredidos o en el peor de los casos asesinados también. Se cura pero no se previene.

Entonces, en el sector de la salud impera el silencio entre los profesionales –médicos y enfermeras-. Al respecto conversé con varios médicos de la localidad sobre su actuación en estos casos y de una vez me manifestaron que su ética no les permitía divulgar algunas situaciones, agrego yo –menos denunciarlas-. Algunos médicos más comunicadores manifiestan que cuando terminan su carrera y se enfrentan a situaciones de maltratos contra la mujer y las menores no saben que hacer, en cuanto a algún tipo de prevención o denuncia, porque a ellos no se les prepara para eso. Es una medicina curativa y no preventiva.

Los profesionales de la salud que se atreven a denunciar y sugerir a la persona maltratada o familiar de confianza que debe hacer, es porque por su propia cuenta se han preparado para tener conocimiento de los pasos que se deben seguir cuando están frente a casos de violencia doméstica y en especial de maltrato contra las mujeres. A que entidades y organismos se puede acudir o qué profesional las puede atender sin poner en riesgo su integridad.

Es importante resaltar que la obligación de los profesionales de la salud, no solo debe limitarse a la atención primaria del paciente o realizar las curaciones en las urgencias cuando llega una mujer herida o en estado grave, sino sensibilizarse y apropiarse de dicha situación y en la medida en que pueda ofrecer otras alternativas de solución diferentes a las convencionales o exigidas por los propietarios o gerentes de clínicas y hospitales, deben realizarlas. Es humano y ético, salvar vida y evitar el agravamiento del hecho violento que atenta contra la salud física y mental de la paciente, -generalmente de mujeres y niñas-.

De igual manera me comentaba una Psicóloga Escolar, esposa de un afamado médico, que muchas mujeres llevan el maltrato oculto y cree que muchas de ellas niegan el haber sido maltratadas por personas en el hogar y especialmente por sus compañeros y padres; agregaba que en el desarrollo de su profesión una niña violada por su propio padre fue amenazada por su propia madre cuando la menor intentó denunciar el caso ante las autoridades, y agregó “es que la madre quiere más al marido que a su hija”. ¿Cuántas situaciones similares conocemos y no la podemos denunciar?; ¿Se puede probar una violación pasado algún tiempo?, como en este caso ¿a quién le cree la “Justicia”?.

De la misma manera como se conocen estadísticas de los médicos forenses o entidades de salud en el mundo, sobre la violencia o el maltrato a las mujeres de las pocas que se atreven a asistir a los Centros de Salud o reconocer y denunciar los hechos, en nuestro país se tienen informaciones ofrecidas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y que a pesar de las tibias estadísticas comparadas con la realidad que aparecen en la prensa a diario, son espeluznantes y alarmantes.

Por ejemplo, en el 2005 se presentaron 37.658 casos de maltrato de parejas mientras que en el año 2004 fueron 34.704 casos, lo que indica que se presentó un incremento del 9%, además en 9 de cada 10 casos presentados las maltratas o abusadas fueron mujeres. Profamilia (entidad estatal que promueve la igualdad y la defensa del núcleo familiar), acentúa la información porque según las denuncias recibidas en el año 2005, 2 de cada 5 mujeres en Colombia han sido maltratadas físicamente por su esposo o compañero.


Concluimos que pese a los esfuerzos y al reconocimiento que la violencia intrafamiliar o doméstica es un problema de salud pública, las situaciones continúan y los maltratos y muertes siguen en aumento año tras año; sin incluir los abusos y violaciones sexuales contra niños y niñas, sobre los cuales existen también disposiciones legales que castigan estos delitos en contra de los derechos humanos.

Pero si falla el tratamiento médico en estos casos, es aún peor con las mujeres y hombres con identidades o preferencias sexuales diferentes a las establecidas y aceptadas socialmente, como las lesbianas, bisexuales y transgenistas, los cuales en su gran mayoría no asisten a los centros de salud, por los prejuicios sociales del medio. Estas mujeres al igual que los hombres con esta condición y disposición se les rechazan, maltratan y asesinan permanente, por aquellos que no admiten ni aceptan la diferencia de identidad sexual de los otros u otras.

Corresponde a las entidades de salud trabajar de la mano con las Instituciones Educativas en cada lugar para prevenir y paliar los sufrimientos físicos y psicológicos producidos por los mayores, en especial por los hombres contra las mujeres y que son detectados por docentes y médicos; lo cual evitaría el calvario de los efectos producidos en esas personas, muchas de ellas se acostumbran a aceptarlos como algo normal y que reproducen con sus propios hijos e hijas, haciéndoles sentir a que carguen con una culpa que no les pertenece.

De igual manera, en las medidas a tomar en las Instituciones Educativas están: la creación de proyectos y programas de prevención para erradicar la violencia contra las mujeres, incluir en el área de Ética y Valores Humanos los derechos de la mujer, diseñar programas que lleven a la escolarización de todas las mujeres que viven en el contexto o de aquellas que han sido víctimas de la violencia e incluir a las mujeres en programas académicos no tradicionales, como punto esencial de rescatar la igualdad de género.

Se deduce de lo anterior, que al igual que al sector de la salud se le exige la aplicación de protocolos para la atención adecuada y oportuna de las víctimas de la violencia y la necesaria inclusión en los planes nacionales de salud esta temática, igual el sector educación debe estructurar sus programas o currículo que permita la inclusión de estos temas, y la construcción e implementación de proyectos pedagógicos escolares y extraescolares que conduzcan con el apoyo de otros profesionales del medio, atajar estas manifestaciones violentas.

De ser este trabajo una realidad se evitaría el daño psicológico, producidas por la degradación de la mujer, conseguida con la intimidación, la manipulación, la amenaza, la humillación y el aislamiento; el daño físico, que es el más visible y sobre el cual actúan regularmente los médicos de turno en los centros de salud; el daño sexual, al ser obligadas las mujeres a realizar actos sexuales forzados o inducidos y el daño patrimonial, con el apropiamiento de bienes que están destinados a satisfacer las necesidades de la mujer.

DANIEL SEGUNDO JUVINAO LÓPEZ

domingo, 18 de enero de 2009

TODOS SOMOS VIOLENTOS

VIOLENCIA Y AGRESIÓN GENERALIZADA EN LOS ESPACIOS PARA LA RECREACIÓN.

Me referiré en este artículo a los casos de violencia y agresión en las actividades deportivas y culturales tan arraigadas en nuestros pueblos (Ciénaga Magdalena, la Costa caribe Colombiana), indistintamente de si la región es urbana o rural. Nuestro Municipio tiene algo más de 300.000 habitantes y no cuenta con los escenarios o espacios suficientes y adecuados para que los niños, niñas y jóvenes puedan desarrollar estas actividades, de igual manera las autoridades locales tampoco les interesa invertir en ellos y en instructores profesionales.

Lo anterior, lleva a los/as menores de forma espontánea a practicar lo que le gusta, en el deporte el fútbol por la cercanía con Santa Marta y Barranquilla y la Danza folclórica por la influencia de los Carnavales de Barranquilla –considerados después de los Río de Janeiro- los mejores del mundo, pero en el primer caso se han copiado los modelos presentados en los estadios nacionales donde todos los fines de semana o terminando un campeonato, los hinchas o aficionados de los equipos perdedores terminan enfrentados con los del otro equipo y en ocasiones descargan la ira con sus propios compañeros.

Es así, como en los campeonatos escolares –juegos intercolegiados-, los mismos jugadores y simpatizantes del perdedor, arremeten con golpes, patadas, lanzando piedras y otros elementos contra las casas vecinas o de los ganadores. Sin embargo, las escuelas del Departamento para contar con un orientador escolar (Psicóloga/a) debe contratarlo con recursos propios, lo que hace más difícil un trabajo preventivo, tampoco se cuenta con proyectos pedagógicos extra-escuela de carácter transversal en valores, que conlleve a una sana convivencia entre los/as menores.

Ahora miremos lo que ocurre con un certamen folclórico en nuestra ciudad, todos los años del 16 al 20 de Enero se realiza un concurso llamado “Caimán Cienaguero”, es un evento muy importante con más de 50 años de trayectoria, en éste se premia los primeros lugares con dinero en efectivo con cantidades que oscilan entre 2.000 y 3.000 Dólares, lo que trae una competencia buscando a los jurados para comprarlos y éstos terminen de dar ganadores a los que no tienen el mérito. La respuesta colectiva es descargar la ira en forma de golpes contra los jurados y organizadores.

So 4 días de golgorio para unos y de buscar hacer la trampa para otros, la agresión se descarga contra los actores, cultores y hacedores de la danza ganadora, hasta las primeras damas –esposa de los alcaldes- cambian resultados en instantes de minutos. En esta actividad al igual que en el fútbol se desborda la violencia, pasando de los gritos, manifestaciones, denuncias y palabras “fuertes” en la radio, pasando a la agresión con golpes y cachetadas. Es normal, que días antes o después de las fiestas, maltraten con hechos hasta producir la muerte a algún coreógrafo, el principal blanco de la violencia.


Por consiguiente, la violencia y agresión que se dan en estos ambientes, es algo que contradice la esencia de lo que representa la práctica del deporte y la lúdica, porque existe en Colombia la Ley de Educación que obliga la implementación de éstas y otras actividades en los/as niños/as escolares, para apartarlos de la droga y la delincuencia, pero no existen las herramientas para apaciguar esos ánimos violentos de sus actores y quienes los acompañan.